El Juzgado Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional, ha dispuesto acordar el sobreseimiento y archivo de la causa contra el exalcalde Popular de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa.

Una mera suposición que costó una carrera política

En el Auto emitido el día de ayer, se concluye que los indicios en su contra no trascienden de la mera suposición, así como que de las actuaciones practicadas hasta el momento no se desprende indicio alguno de fraude o corrupción.

La sentencia considera que no hay soporte que confirme las acusaciones

Considera que no hay soporte para afirmar que los servicios licitados por el Ayuntamiento de Alcobendas a EICO y MADIVA no hubieran sido realmente prestados, como tampoco que existiera una corrupta voluntad de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular; destacando que esta conclusión judicial resulta avalada por el atestado policial de la UCO, que tampoco pone en cuestión que los contratos se corresponden con servicios que fueron efectivamente prestados.

Tampoco se ha podido acreditar...

El Magistrado indica que tampoco se ha podido acreditar que los informes de reputación online se realizaron por encargo de García de Vinuesa, y finalmente que tampoco se ha acreditado que los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Alcobendas se realizaran para “mejorar la reputación personal del Alcalde”.

Se pide máxima cobertura para esta noticia en los medios de comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas igual que se hizo con su imputación

A tenor de los hechos, el Partido Popular de Alcobendas ha exigido al Gobierno Local que dé la máxima cobertura a esta noticia, al igual que hicieron en el momento que fue imputado el exalcalde, cuando se publicó en portada de la revista municipal SietedíaS, y se le dedicó una página completa en su número 1.535 de fecha 13 de noviembre de 2020.

García de Vinuesa tuvo que dimitir como Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid

Cabe recordar, que García de Vinuesa dimitió de su cargo de Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid al ser imputado el pasado mes de noviembre, para no afectar en modo alguno a la estabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.